Durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional que gobernó la Argentina entre comienzos de los años 1970 y la restauración de la democracia en 1983 tuvo lugar un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado. Se estima que durante ese período las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer 30.000 personas (aunque la lista oficial cuenta con 13.000 desaparecidos registrados).
La denominación también utilizada de «guerra sucia» alude al carácter informal e irreglamentado del enfrentamiento entre el poder militar desligado de la autoridad civil, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población.
Uno de los principales objetivos del golpe empresarial-militar católico fue poner fin a toda resistencia sindical, social, religiosa, simbólica, militar,
cultural, educativa y política que había crecido en los 60 y los 70 y disputaba hegemonías ideológicas y espacios de poder en cada uno de los campos antes mencionados. Por eso, desde el comienzo las FFAA declararon que su objetivo era la
“vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión y las causas que favorecen su existencia”.
La característica central de esta dictadura será que la política económica, social, cultural y las relaciones exteriores se supedita al menos hasta 1979 a la lucha contra “el subversivo”, “a terminar con la subversión” es decir lo que los militares siguen llamando hasta hoy “la guerra sucia”.
Por eso las FFAA deben permanecer con el control del aparato estatal. La
maquinaria de exterminio de ese “otro y esa otra” nunca definirá al “subversivo” permitiendo así etiquetar y estigmatizar a cualquiera como la personificación del Mal: son no personas, demonios, bestias, enfermos, no argentinos y por eso no merecen vivir. De este modo se legitima la represión sobre el cuerpo y el espíritu, se logra el silencio y el temor en la mayoría de la población.
